La situación de dependencia es una circunstancia que la familia actual no tiene capacidad de enfrentar por sí sola por cuanto la mujer, principal apoyo de las personas en situación de dependencia, se ha ido incorporando al mercado laboral. Se ha hecho patente, por tanto, que la atención a estas situaciones no puede seguir estando supeditada exclusivamente a la solidaridad y el apoyo familiar. Es al Estado al que le toca desempeñar las funciones anteriormente desempeñadas por las familias.
Por ello, la Ley de Dependencia establece un sistema público de amparo o salvaguarda para garantizar el bienestar de los ciudadanos en situación de dependencia.
La Ley supone la creación de una estructura integral para la protección de aquellas personas que precisan de asistencia de otras, por distintas razones, ya sea por la edad o por otras causas como la enfermedad o la discapacidad. Así, se establece un sistema público de amparo o salvaguarda para garantizar el bienestar de los ciudadanos, denominado Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD)
La Ley de Dependencia se basa en el principio de igualdad y en el establecimiento de un contenido mínimo o básico común de derechos para todos los ciudadanos en todo el territorio español. Se garantiza por el Estado la igualdad básica en el acceso a las prestaciones de las personas en situación de dependencia. Como expresión de este principio, se busca homologar en todo el Estado los requisitos de acceso, la determinación de las prestaciones y los recursos, es decir, dotar un marco estable de recursos y servicios para la promoción de la autonomía y la atención de la dependencia, garantizándose un único procedimiento de valoración. Con ello se garantiza de manera permanente un mínimo común de derechos iguales para todos los ciudadanos del Estado, con independencia de cuál sea la Comunidad Autónoma en la que residan.
Esta Ley institucionaliza un nuevo derecho subjetivo de los ciudadanos: el derecho a la promoción dela autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Al instaurar un derecho subjetivo es posible exigir jurisdiccionalmente el acceso a la protección de la situación de que se trate. Y es la Administración General del Estado la entidad que garantía un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia "Ley de dependencia"
Libro verde sobre la dependencia en España
Calidad y acreditación para las entidades prestadoras de servicios de atención a las personas mayores en situación de dependencia
Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueba los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y atención a la dependencia (SEPAD)
Real Decreto 504/2007, de 2O de abril por el que se aprueba el Baremo de valoración de la situación de dependencia
Informe situación personas mayores en España
Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley de dependencia
Libro Blanco de atención a las personas en situación de dependencia en España
Regulación seguridad social de los cuidadores no profesionales
Valoración dependencia menores de 3 años
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